Derrame de hidrocarburos en Zorritos ya es evaluado por el OEFA

Derrame de hidrocarburos en Zorritos ya es evaluado por el OEFA

Personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inspeccionó el derrame de hidrocarburo del Pozo Z-269, ocurrido el viernes 11 de julio del 2014, hacia una pileta de agua que es parte del ornato de la obra municipal “Mejoramiento y Desarrollo Turístico del Malecón Zorritos”, ubicado en el departamento de Tumbes.
El OEFA confía en que se desestimen pedidos de mineras para eliminar el Aporte por Regulación (APR)

El OEFA confía en que se desestimen pedidos de mineras para eliminar el Aporte por Regulación (APR)

La fiscalización ambiental emprendida por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a empresas de la gran y mediana minería se financia con el Aporte por Regulación (APR) que dichas compañías pagan. Esta es una modalidad de tributo: una contribución. Ello responde a que toda actividad extractiva siempre supone riesgos ambientales que deben ser fiscalizados para evitar que se generen impactos al ambiente y a la ciudadanía.
El OEFA supervisa acciones de Petroperú S.A. ante derrame de petróleo en el Tramo I del Oleoducto Norperuano en Loreto

El OEFA supervisa acciones de Petroperú S.A. ante derrame de petróleo en el Tramo I del Oleoducto Norperuano en Loreto

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) continúa supervisando las acciones tomadas por la empresa Petroperú S.A., debido al derrame ocurrido el 30 de junio en el Tramo I del Oleoducto Norperuano, en la localidad de Cuninico, distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto, aproximadamente a 2,8 km al oeste del cruce del oleoducto con el río Cuninico.
El nuevo enfoque de la fiscalización ambiental

El nuevo enfoque de la fiscalización ambiental

Publicado en el diario Gestión (20/06/2014)

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA apuesta por una fiscalización ambiental responsable que logre un adecuado equilibrio entre la inversión privada y la protección ambiental. No se quiere una fiscalización que signifique un sobrecosto para las empresas, que desincentive la inversión o que afecte la competitividad económica; como tampoco una fiscalización débil o tímida que aliente el incumplimiento de las obligaciones ambientales.

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